Esta semana, tras resistir desesperadamente durante meses, Portugal no ha tenido más remedio que claudicar y reconocer que su economía no podía soportar por más tiempo en la situación en la que se encontraba, por lo que el Gobierno luso solicitó lo que a muchos les parecía inevitable: el rescate bancario por parte de la Unión Europea.
La crisis financiera del país vecino afectará a muchas empresas españolas que trabajan allí pero, sobre todo, a las implicadas en la construcción del AVE entre Madrid y Lisboa, proyecto que vuelve a quedar pendiente de un hilo pese a que la Comisión Europea ya aportó 363 millones de euros. Al menos en la parte del país vecino porque en española el Ministerio de Fomento asegura que continuará las obras previstas por territorio nacional para que la Alta Velocidad llegue a Badajoz. Aunque el primer ministro en funciones, el socialista José Sócrates, aseguró en una entrevista televisiva que el AVE portugués continuará adelante, lo cierto es que el 5 de junio hay elecciones generales y el PSD opositor se decanta por cancelarlo.
Respecto a Portugal y las empresas hispanas, el tramo Poceirao-Caia (Badajoz), el único licitado hasta el momento, había sido adjudicado a un consorcio en el que participaban la constructora ACS y el grupo Abertis por un presupuesto de 1.359 millones de euros; ahora no se sabe qué ocurrirá pese a que su financiación estaba garantizada a un interés bastante bajo al haberse firmado antes de la última crisis. En situación semejante se halla el Banco de Sabadell, que posee un 4,43% del Banco Comercial Portugués.
El otro tramo, aún pendiente de licitación, es el Poceirao-Lisboa y tiene asignado un presupuesto de 1.700 millones de euros. Además están el paso de la frontera por Mérida y Évora, al que se habían destinado 312 millones y, por el norte, el enlace entre Vigo y Oporto, cuyo proyecto hubo que rehacer desde el principio por diversos problemas. La fecha prevista para unir los dos países de la Península Ibérica por alta Velocidad, 2015, se aleja.
