El túnel Sants-La Sagrera de la línea AVE que atravesará Barcelona sigue envuelto en la polémica. Mañana martes se votará en el Pleno del Congreso la moción presentada por el PP proponiendo la suspensión de las obras como medida cautelar en espera de la formación del comité de expertos -prevista para el 30 de junio- que puede elaborar un trazado alternativo. La causa está en el peligro, denunciado desde varios frentes, para el templo de la Sagrada Familia, al que pueden afectar vibraciones y grietas. Tampoco los vecinos están tranquilos por la incidencia de las obras en sus edificios.
Por boca de su representante, Jorge Fernández Díaz, el principal partido de la oposición recordó al ministro de Fomento que la Junta Constructora de la Sagrada Familia reclama dicha suspensión avalada por dos informes: uno realizado por el perito de la Audiencia Nacional Manuel Melis y otro por el Consejo Internacional de Monumentos y sitios declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO. A ellos se le puede unir el último presentado por este organismo la semana pasada y que José Blanco consideró un aval a la labor llevada a cabo hasta ahora.
Sin embargo no todos lo vieron así. Fernández Díaz le recordó que dicho informe no es definitivo sino preliminar, mientras que Jordi Portabella, de ERC, opina que la interpretación del ministro no se ajusta a la realidad del texto. Así las cosas los sufragios pueden decidir el destino de estos trabajos: el PP está seguro de conseguir mayoría a su propuesta y cuenta con el apoyo seguro de CIU y probable de ERC. Blanco, entretanto, advierte de que buscar otro trazado retrasará 30 meses una línea importantísima desde el punto de vista estratégico como es la que lleva hasta Francia. E insiste: “El túnel de Sants-La Sagrera es una de las obras de ingeniería civil con las medidas de seguridad más altas, mejor controladas y más vigiladas de las que se están realizando en el mundo”.
