Sorpresa y conmoción fueron ayer comunes en los medios al hacerse público el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, desvelando que las obras del AVE entre Madrid y Barcelona se desviaron al alza 1.400 millones de euros, lo que significa un sobrecoste del 31,4%.
El estudio analiza los trabajos desarrollados desde el 1 de enero de 2002, bajo el gobierno del PP (José María Aznar) hasta la puesta en servicio de la línea, que fue en febrero de 2008, ya en la legislatura del PSOE (José Luis Rodríguez Zapatero).
Según los datos, la construcción de la línea de alta velocidad costó 8.966,71 millones de euros, un 18,8% por encima del precio fijado en los concursos (7.550,42 millones de euros) y el mencionado 31,4% más que el precio final de las adjudicaciones, que sumaba 6.822,83 millones.
Ello significa que el coste supuso una media de 14,44 millones de euros de más por cada kilómetro, teniendo en cuenta que la longitud total del trazado es de 621 kilómetros.
El Tribunal de Cuentas, que remitió el informe al Congreso de los Diputados, atribuye esa desviación de dinero a diversos conceptos, como “modificaciones de los contratos, de las obras complementarias y de emergencia, a las revisiones de precios y a las liquidaciones adicionales”. También cita prórrogas y ampliaciones de plazos, a una media de 4,5 meses por expediente, y que a menudo se debieron a “vicios o indefiniciones del proyecto” que ya se conocían de antes.
Asimismo resalta, sin especificar nombres de forma expresa, los trabajos de urgencia encargados por el ejecutivo socialista para que el AVE estuviera listo antes de las elecciones generales y que supusieron un 220% de sobrecoste.
Todas estos factores llevan al órgano fiscalizador, por boca de su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, a recomendar a Adif “medidas y procedimientos que le permitan efectuar una previsión más realista de los plazos y costes de ejecución de las actuaciones, destinando más recursos a las labores de investigación previas durante la fase de redacción de los proyectos”.
